Hace falta una ley que reglamente el proceso de la reparación.
Las investigaciones de la Corte Suprema y las versiones libres de los desmovilizados de las Auc en el proceso de Justicia y Paz, sumadas a las incontables denuncias que por años hicieron organizaciones de derechos humanos, dejan cada vez más claro el grado de agresión y violencia contra miles de personas y comunidades del país por algo más de dos décadas. Recorriendo el país en la labor que desempeño en la Comisión de Reparación y Reconciliación, no logro asimilar la dimensión del daño causado a tantos seres: madres y esposas de miles de desaparecidos, mutilados, mujeres violadas, niños que vieron masacrar a padres o hermanos, más el control de la vida pública y privada en muchos municipios.
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Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra