Seguimiento a Recomendaciones
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

RESUMEN EJECUTIVO DE REUNIONES ENTRE EL GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL NOVIEMBRE- DICIEMBRE DE 2004

CONCLUSIONES GENERALES

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la paz y la Democracia en Colombia Coordinación Colombia-Europa-EEUU

Las reuniones de seguimiento a las recomendaciones han traído los siguientes resultados generales:

Las reuniones han evidenciado el incumplimiento de la mayoría de las recomendaciones por parte del Estado y particularmente el gobierno colombiano, pocos y limitados avances en algunas de ellas y la persistencia de políticas y programas gubernamentales que van claramente en contra de muchas recomendaciones, cuya pronta implementación fue acordada por el G-24 con el gobierno desde ellO de julio de 2003 y cuyo cumplimiento también ha sido un compromiso del Gobierno ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante las últimas dos sesiones. Las reuniones también han dejado ver el consenso entre el Gobierno y las organizaciones sociales y no gubernamentales sobre el grave y reiterado incumplimiento de las recomendaciones dirigidas a las guerrillas y grupos paramilitares.

1. Un año y medio después del compromiso del Gobierno ante el G-24 de implementar prontamente las recomendaciones de las Naciones Unidas, se ha evidenciado y ratificado la urgencia de su cumplimiento como un instrumento fundamental para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia y de manera paralela, los efectos negativos que ha traído el incumplimiento de las mismas para el respeto y garantía de los derechos de la población colombiana.

2. Las reuniones han hecho explícitos una gran cantidad de problemas, vacíos y dificultades del Estado para cumplir con las recomendaciones, en su mayoría relacionados con la aplicación de políticas contrarias a normas y principios fundamentales de derechos humanos y derecho internacional humanitario y la ausencia de políticas consistentes con las obligaciones internacionales. También han evidenciado la falta de coordinación intraestatal para la implementación de las recomendaciones, así como la falta de interés del Gobierno en realizar un cronograma concreto de acción para su cumplimiento, que el Gobierno mismo se comprometió a presentar hace más de un año.

3. Las intervenciones que han hecho las autoridades gubernamentales y estatales en las reuniones han dejado ver coincidencias del Gobierno con muchas de las críticas hechas por las organizaciones sociales sobre el incumplimiento de las recomendaciones. A pesar de estas intervenciones, no se percibe como respuesta del Gobierno una actitud de preocupación por el incumplimiento reiterado de las mismas ni un propósito de revisar y corregir las políticas que son contrarias a las recomendaciones.

4. Se ha evidenciado que la solicitud fundamental de las organizaciones de revisar las políticas gubernamentales contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos no se acepta por parte del Gobierno, y que las soluciones propuestas por este se concentran en promover la realización de más reuniones de las organizaciones sociales y ONG con entidades estatales. El Gobierno se ha empeñado en mostrar avances aislados como cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en justificar cualquier incumplimiento en la necesidad de combatir el terrorismo y en la complejidad de la situación del país.

5. Las reuniones evidenciaron que el Gobierno ha realizado algunas acciones y programas sobre todo de promoción de derechos humanos en áreas específicas pero continuó enviando mensajes contrarios al respeto por los derechos humanos los cuales limitan e inclusive anulan los efectos positivos que podrían tener estos programas. Adicionalmente, las acciones de promoción adelantadas no representan una respuesta clara y directa de las recomendaciones internacionales.

6. El Gobierno no mostró acciones concretas para prevenir violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ni tampoco para investigar, procesar y sancionar a los responsables. Por el contrario, continuó defendiendo la realización de programas de desmovilización de combatientes ilegales bajo un marco jurídico que garantiza la impunidad inclusive para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El Gobierno siguió dando prioridad a publicitar hechos cumplidos que carecen de transparencia (desmovilizaciones) por encima de la necesidad de generar condiciones para que estas desmovilizaciones sean efectivamente medios para la paz y no instrumentos que permiten la impunidad de crímenes de lesa humanidad y facilitan la consolidación del control social, territorial, político y económico del paramilitarismo.

7. Las reuniones hicieron evidente la falta de interés del Gobierno colombiano en avanzar en la ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y la aceptación de la competencia del Comité Contra la Tortura y del Comité Contra la Discriminación Racial para conocer de casos de presuntas violaciones.

8. Las reuniones también confirmaron que el Gobierno continúa promoviendo políticas contrarias a los principios de democracia, derechos humanos y derecho internacional humanitario, dirigidas a involucrar cada vez más a la población civil en el conflicto armado; continúa promoviendo reformas normativas que buscan desmantelar instituciones que han jugado un papel fundamental para los derechos de la población colombiana, como la Corte Constitucional y la tutela; continúa negando el conflicto armado, el principio de distinción e inclusive la crisis humanitaria. También continúa generando mayor polarización social y la reducción dramática de los espacios de debate y controversia política necesarios para la construcción de la paz.

9. A pesar de manifestaciones de algunos funcionarios gubernamentales, el Gobierno continúa mostrando una actitud cautelosa y prevenida frente a las recomendaciones de las Naciones Unidas. El Gobierno aún ve las recomendaciones como un obstáculo y no como una herramienta para fortalecer las instituciones estatales, el Estado Social de Derecho y la democracia.

10. Las organizaciones sociales y no gubernamentales han contribuido en evaluar los consensos avances y puntos críticos. Además, han presentado propuestas concretas al Gobierno, que se centran en: reiterar la necesidad de medidas concretas inmediatas que demuestren de manera inequívoca el cumplimiento de las recomendaciones; abstenerse de tomar acciones que se oponen a las mismas, revisar aquellos programas y políticas contrarias a ellas; cambios de conducta del Gobierno para que utilice las recomendaciones como herramienta para mejorar la situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario; y cambios de conducta para que el Gobierno no siga negando la crisis humanitaria, las graves violaciones de derechos humanos, la existencia de un conflicto armado y la obligatoriedad de aplicar el principio de distinción del DIH, sino que asuma su responsabilidad constitucional e internacional enfrentando estas situaciones a través del respeto, protección y garantía de los derechos humanos y el derecho humanitario de todas las personas que habitan en el territorio colombiano.

11. Por todo lo anterior, es urgente que la comunidad internacional en general y el G-24 en particular, insten al Gobierno colombiano a que reafirme su compromiso de dar pronto cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y adopte mecanismos idóneos para que la cooperación internacional con Colombia se oriente a facilitar y garantizar el cumplimiento de dichos compromisos.

CONSENSOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA REUNIDAS EN CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, EL 2 DE FEBRERO DE 2005, EN EL MARCO DE LA REUNIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE SEGUIMIENTO A LA DECLARACIÓN DE LONDRES

Año y medio después de la reunión de Londres de julio de 2003, la cual examinó la situación de Colombia, el estado de los derechos humanos y la cooperación internacional hacia nuestro país, diversas organizaciones de la sociedad civil colombiana nos congregamos nuevamente el día de hoy para avanzar en la discusión de dichos temas, en el propósito de consolidar una cooperación internacional para el desarrollo y la democracia, el logro de la paz y la superación del conflicto armado, la plena vigencia de los derechos humanos y la observancia del Derecho Internacional Humanitario. Esta convocatoria se realiza en el marco de la reunión que sostendrá el 3 Y 4 de febrero el Gobierno colombiano con representantes de la comunidad internacional, el sistema de Naciones Unidas y otras instituciones.

Como expresión de la participación ciudadana y de sociedad civil manifestamos que los sectores y organizaciones reunidos hoy coincidimos en los siguientes puntos:

1. La Declaración de Londres, suscrita el 10 de Julio de 2003 por representantes de diferentes gobiernos de América, Europa, Japón, Organismos multilaterales y el sistema de Naciones Unidas, y asumida por el Gobierno colombiano como un compromiso de primer orden, conserva toda su vigencia, tanto en lo que se refiere a sus consideraciones sobre la situación colombiana como a las recomendaciones formuladas. 2. Igual vigencia conserva el texto que contiene las coincidencias de la Sociedad Civil colombiana suscrito también en Londres el día 9 de julio de 2003. 3. En este sentido afirmamos la condición de Colombia como Estado Social de Derecho, la vigencia de las instituciones y los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución de 1991. La democracia, el pluralismo y el respeto a la diferencia, así como la heterogeneidad y la autonomía de la Sociedad Civil son activos imprescindibles para superar las dificultades, en especial la pobreza y la exclusión, logrando así un desarrollo justo y equitativo de la sociedad colombiana. 4. Es de vital importancia el fortalecimiento y acompañamiento de los procesos de gobernabilidad local y regional, que buscan consolidar la democracia y la participación ciudadana y avanzar en el desarrollo y la realización de los derechos de la población. 5. Rechazamos, con vehemencia y sin importar su procedencia y motivaciones, las acciones terroristas como instrumento perverso de acción política, las cuales ahondan heridas y retrasan la urgente reconciliación.

6. En Colombia persiste una situación de violencia y conflicto armado que sigue afectando a la población civil, entre otros sectores a los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinos, niños, mujeres, sindicalistas, personas desplazadas, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas, personas por su orientación sexual, política o religiosa, maestros, mandatarios y funcionarios públicos de nivel regional y local, jueces y fiscales.

7. Observamos con preocupación la persistencia de la crisis humanitaria, graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional humanitario. Sin embargo, se registra la disminución de determinados delitos y acciones como son el secuestro y el ataque en poblaciones. Se requiere por tanto el propósito inquebrantable de reducir a cero la ocurrencia de todos los hechos que vulneran y laceran la dignidad humana de todos y todas en Colombia.

8. El conflicto armado interno continúa causando muerte, dolor y pérdida de bienes públicos y privados, y retrasando la tarea de incentivar acciones y acopiar recursos para el progreso, la equidad y la urgente lucha contra la pobreza.

9. La solución política negociada es el instrumento más idóneo para terminar con el conflicto armado interno, pues evita el deterioro y la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos y ahorra recursos para las tareas que se imponen en el post conflicto. Llamamos a la comunidad internacional a coadyuvar en la búsqueda de caminos para llegar a una negociación integral de paz, con todos los grupos armados ilegales dispuestos a superar la violencia y el uso de la fuerza.

10. Todo proceso de paz se debe regir por un marco legal que observe los principios de verdad, justicia y reparación congruentes con las exigencias del derecho internacional y válidos para situaciones de conflictos armados internos. De igual manera este marco jurídico debe facilitar la concreción de la paz en el territorio nacional. Las victimas deben contar con la posibilidad de participar en dichos procesos y tener garantizado el resarcimiento de sus derechos y dignidad. A su vez, los procesosde paz y negociación política deben adelantarse en un marco de cese de hostilidades verificable.

11. En relación al actual proceso de negociación con los grupos de autodefensa y paramilitares, además de reiterar la urgencia de que se garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación, instamos al gobierno y demás instituciones estatales competentes a investigar y sancionar las violaciones del cese de hostilidades, puesto como condición al inicio del proceso, así como a asegurar su inmediato cumplimiento y garantizar hacia el futuro, el desmonte efectivo de toda estructura que permita a esas organizaciones ejercer influencia ilegal en diferentes aspectos de la vida económica, social y política.

12. El monopolio único y exclusivo de las armas por parte del Estado es condición básica para la paz; igualmente, el Estado tiene el derecho y la obligación de combatir, en ejercicio de ese monopolio, todas las manifestaciones de violencia y delito y a los grupos armados ilegales con motivación política o sin ella.

13. En ejercicio de la anterior potestad y en todas sus funciones y actividades, los servidores públicos y en especial los de la Fuerza Pública y la rama judicial están obligados a respetar y proteger los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución y las leyes que regulan sus actividades.

14. . Los grupos guerrilleros y paramilitares continúan violando el Derecho Internacional Humanitario, vulnerando los derechos de los civiles, comenzando por la vida, la integridad y la libertad y desconociendo los imperativos dictados por la comunidad internacional para la salvaguarda de la población civil.

15. Los particulares y las organizaciones de sociedad civil, y con mayor pertinencia en Colombia, estamos en la obligación de trabajar por la promoción, vigencia y profundización de los derechos humanos y por la observancia de las normas del Derecho Internacional Humanitario.

16. Reafirmamos nuestro reconocimiento a la ONU en sus buenos oficios para acercar a las partes y retomar las conversaciones de paz, así como al papel de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, del ACNUR, OCHA y demás agencias del sistema que trabajan a favor de la población civil.

Hacemos un llamado al gobierno de Colombia y a las demás instancias estatales a 17. Hacemos un llamado al gobierno de Colombia y a las demás instancias estatales ha hacer efectivas las recomendaciones de la ONU en Derechos Humanos, en consonancia con la Declaración de Londres. Los avances iniciales registrados deberán continuar, las tareas aún por atender tendrán que ser ejecutadas con celeridad, y debe emprenderse un esfuerzo vigoroso para el cumplimiento de todas las recomendaciones. 18. Entendemos que las Metas del Milenio, promovidas por las Naciones Unidas, constituyen verdaderos derroteros en el propósito de superar la pobreza y la corrupción, lograr el desarrollo social y político de nuestros pueblos y la equidad de género, con base en la garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. 19. Hoy, con mayor vigencia y necesidad que antes, destacamos la alta importancia de la Cooperación internacional para Colombia y resaltamos áreas prioritarias como los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario; el desarrollo rural, la economía campesina y la seguridad alimentaria; el apoyo a las poblaciones desplazadas y a las víctimas de las acciones hostiles; la sustitución de cultivos de uso ilícito con programas de desarrollo alternativo; la defensa del medio ambiente sostenible y sustentable; las iniciativas de paz; los planes de vida de las comunidades étnicas y campesinas; las acciones humanitarias; el fortalecimiento de la sociedad civil; la superación de la pobreza, la promoción de la salud, la educación y la vivienda y de las diferentes manifestaciones de la diversidad cultural, étnica y regional, así como la eliminación de la discriminación en razón del genero. 20. Reconocemos el esfuerzo que la comunidad internacional realiza respecto a Colombia en la búsqueda de la paz, la superación de la crisis humanitaria y de sus problemas sociales y económicos. Consideramos que la ONU y sus agencias en Colombia, la Unión Europea, la OEA y los Estados e instituciones que se han congregado en tomo a la cooperación con nuestro país constituyen instancias que cuentan con la experiencia y la posibilidad de aportar elementos de suma importancia para el logro de la paz y la superación del conflicto armado, así como para el desarrollo de oportunidades en los sectores de población mas vulnerables. 21. Destacamos la importancia del proceso de interlocución de la Sociedad Civil de Colombia con la comunidad internacional, la ONU y otras agencias internacionales, así como con el Gobierno de Colombia en el propósito de definir los ejes estratégicos de la cooperación internacional. El comercio internacional es tan importante como la cooperación directa, y es po 22. El comercio internacional es tan importante como la cooperación directa, y es por esto que resaltamos la necesidad de reglas justas de comercio, así como la utilidad y pertinencia del Sistema General de Preferencias de Europa (SGP), recientemente refrendado por la Unión Europea para los productos colombianos. Su vigencia continuidad y ampliación es fundamental para Colombia. Su restricción y la aplicación de nuevos aranceles para algunos bienes, especialmente agrícolas, como el banano sería por el contrario altamente dañino. Los recursos y el trabajo que se genera é consecuencia de la operación del SGP son estratégicos y de inmenso valor social. 23. Por ultimo, agradecemos a todos los gobiernos e instituciones internacionale5 presentes su interés en Colombia y sus problemas y la observancia de los criterios para resolverlos expresados en la Declaración de Londres. Los instamos a continuar en su tarea, la cual beneficia a millones de personas, en especial a los más necesitados, y a seguir acompañando la legítima labor que desarrolla la sociedad civil.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA REUNIDAS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA EL 2 DE FEBRERO DE 2005. Alianza de organizaciones sociales y afines, Confederación Colombiana de ONG, Consejo Gremial Nacional, Consejo Nacional de Planeación, Federación Colombiana de Municipios, Fundaciones empresariales encabezadas por la Fundación Restrepo Barco, Secretariado Nacional de Pastoral Social