Artículo de Ana Teresa Bernal
Reparar debe ser política de Estado
Publicado el pasado 19 de junio de 2008, en el periódico El Tiempo

Adjunto, podrá leer el artículo de la integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y Presidenta Colegiada de Redepaz, Ana Teresa Bernal, publicado en el periódico El Tiempo, el pasado 19 de junio.

La plenaria del Senado aprobó dar segundo debate al proyecto de ley 157, que dicta directrices sobre medidas de protección de las víctimas. El proyecto, cuyo ponente coordinador es el senador Juan Fernando Cristo, fue radicado inicialmente con la firma de senadores de partidos de gobierno y oposición y se espera que siga surtiendo en los próximos días el debate de su articulado.

El pasado 22 de abril, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1290, que creó el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para víctimas de grupos armados ilegales. Este es un paso en el proceso, pero no cobija todos los elementos que debería contener un Plan de Reparación. Por fuera quedaron las víctimas de agentes de Estado y medidas como la verdad, la reparación colectiva y la restitución de bienes, algunas reguladas por otros marcos normativos.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), consciente de la gravedad de los daños sufridos por miles de personas a causa del accionar despiadado de los grupos armados, tuvo como gran preocupación buscar medidas que hicieran más eficiente el camino de la reparación, y por esto ayudó a motivar la expedición del decreto. Aunque la mayoría de sus integrantes lo apoyó, no hubo una postura unánime para respaldarlo. Reconozco un interés del Gobierno en agilizar el proceso al expedir el decreto, cuyo propósito principal es indemnizatorio, pero insisto en que no satisface plenamente y señalo algunas razones que deberían contemplarse en una legislación que reúna integralmente las medidas de reparación, ojalá con un mayor consenso nacional:

• La reparación debe ser una política de Estado que trascienda intereses partidistas o de gobierno.
• Supone un marco amplio de integración y articulación del andamiaje institucional.
• Debe diferenciar conceptos clave de atención, asistencia humanitaria y restitución de derechos violados y arrebatados a causa del acto violento.
• Debe incluir a todas las víctimas, entre ellas las de agentes de Estado.
• Para que sea integral, debe incluir restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición.
• Debe contemplar medidas simbólicas y materiales, así como medidas colectivas e individuales.
• A diferencia de experiencias como las de Argentina y Chile, en Colombia debe incluir la restitución de los bienes, las tierras y el patrimonio a quienes fueron despojados y expoliados, además de las otras medidas a que tienen derecho las víctimas.
• Las medidas de reparación que se adopten por vía administrativa deben ser complementarias de la vía judicial prevista por la justicia ordinaria y la Ley de Justicia y Paz.
• La reparación debe tener un enfoque diferencial, es decir, reconocer las necesidades propias, de género y de poblaciones específicas.
• Cualquier iniciativa debe considerar las expectativas de las víctimas, sus necesidades y prioridades, consultando con ellas. Las víctimas y sus organizaciones deben tener participación en el diseño, ejecución y evaluación de los programas.
• El reconocimiento del daño y la dignificación de las personas con actos públicos de aceptación son fundamentales en la reparación.

En la discusión que sigue sería importante reconocer los esfuerzos de la CNRR en el tema de la reparación colectiva, la creación del Grupo de Memoria Histórica, que pronto entregará sus primeros resultados, y la coordinación del comité técnico especializado para formular el programa de restitución de bienes, entre otros.

Necesitamos una ley que articule distintos instrumentos normativos enfocados a garantizar los derechos de las víctimas, que recoja un amplio consenso nacional y nos permita superar la horrible noche.