Organizaciones sociales dan a conocer su ’Propuesta alternativa al proyecto de Alternatividad Penal’

Organizaciones proponen que beneficiados de alternatividad queden inhabilitados para ser de la Fuerza Pública. Claudia Rubio / EL TIEMPO

Buscan mostrar otras posibilidades para la desmovilización de los grupos de autodefensas en el país.

La contrapropuesta busca que el proceso se base en la verdad, la justicia y la reparación moral y económica para los afectados.

El texto de Planeta Paz es respaldado por la Confederación General de Trabajadores Democráticos de Colombia (Cgtd), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (Aceu) y Proceso Comunidades Negras, entre otras organizaciones.

Según la contrapropuesta al proyecto presentado por el Gobierno al Congreso, lo primero que se debe garantizar durante la negociación es el estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En cuanto a la justicia, la propuesta establece la ejecución condicional de las penas para los delitos menores y solamente admite la libertad condicional para los delitos atroces o de lesa humanidad, una vez se haya cumplido al menos la mitad de la condena.

"Los beneficios jurídicos que se les ofrecen a los desmovilizados se deben obtener, pero a cambio de la verdad y no por el solo hecho de la desmovilización o del perdón y olvido", dijo Daniel García-Peña, director de Planeta Paz y ex consejero de paz.

De acuerdo con la propuesta alternativa, los ’paras’ deben reparar los daños causados, por lo cual se debe constituir un fondo, con recursos de los bienes que se les incauten y con aportes internacionales, para resarcir económicamente a las víctimas que hayan dejado.

También se propone la necesidad de conformar una comisión de la verdad y el esclarecimiento histórico, que ofrezca garantías de imparcialidad y credibilidad.

Paralelo a ello, se plantea la creación de una comisión de verificación, con la participación de las víctimas o sus representantes, para que le haga seguimiento al proceso de negociación.

El texto de las organizaciones sociales plantea que quienes resulten beneficiados de la alternatividad penal deben quedar inhabilitados de por vida para pertenecer a la Fuerza Pública.

Según García-Peña, con esta iniciativa se pretende abrir un debate público en torno al proyecto de alternatividad penal y a la vez ofrecer una propuesta diferente a la del Gobierno para que pueda ser analizada.

Los promotores de la propuesta creen que el proyecto gubernamental no garantiza los intereses genuinos de la justicia, pues permitiría que personas que han cometido crímenes de lesa humanidad o delitos atroces queden en libertad.

Dicen también que el proyecto original no permite establecer la verdad individual o colectiva de los autores de violaciones de derechos humanos o del Derechos Internacional Humanitario.