La presencia y acción de la ONU son vitales para la paz de Colombia

Pronunciamiento sobre el fin del mandato del Asesor Especial del Secretario General, Señor James Lemoyne

El mandato del asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas para la paz en Colombia se dio por terminado debido a las grandes diferencias y tensiones existentes entre las Naciones Unidas y el Gobierno actual. En repetidas ocasiones el Presidente de la República ha expresado que no reconoce ni acepta la existencia de un conflicto y por tanto mucho menos de su solución política. En ese contexto, se hizo insostenible la labor de facilitación de la ONU, que por el contrario sostiene que en Colombia se presenta un conflicto armado interno, al cual le son aplicables las normas de derecho internacional humanitario, y que hay una grave crisis de derechos humanos.

El comunicado de prensa de Naciones Unidas que anunció la decisión de dar por terminada la misión expresó que: “En tal sentido, el Secretario General estaría dispuesto a considerar una ayuda más activa de parte de las Naciones Unidas si se produjera un cambio de circunstancias y hubiera un pedido explícito de las partes”.

De manera reiterada, el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha mostrado su malestar frente a la actuación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia. Una de ellas fue en septiembre de 2003, cuando el PNUD hizo público el Informe Nacional de Desarrollo Humano, titulado “El Conflicto callejón con salida”. El Gobierno Nacional tampoco ha recibido con agrado las múltiples recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues considera que estas son injustas, exageradas o improcedentes.

La reunión de países cooperantes que se hizo en Londres a mediados del año 2003 arrojó un texto llamado la “Declaración de Londres”, que tampoco fue bien recibido por el Gobierno Nacional, porque insistía en la existencia de un conflicto armado interno, en la preocupación por una profunda crisis humanitaria y en la necesidad de que el Gobierno “adoptara medidas eficaces contra la impunidad y la connivencia, especialmente con los grupos paramilitares” y cumpliera con las recomendaciones de la ONU.

El señor James Lemoyne, asesor especial desde 1999 para Colombia, jugó un significativo papel en la crítica etapa del proceso de negociación con las FARC antes del rompimiento definitivo del mismo, el 20 de febrero de 2002. Posteriormente, cuando el Presidente Uribe solicitó a la ONU continuar en una misión de facilitación, el señor Lemoyne fue ratificado para continuar en su gestión. En ejercicio de sus funciones, contribuyó de manera relevante en la preparación de la Declaración de Londres.

Para las diversas organizaciones de la sociedad civil que hemos transitado un largo camino en la búsqueda de una salida pacífica al conflicto colombiano y que trabajamos por la defensa y protección de los derechos humanos, es altamente preocupante la difícil y tensa relación que permanentemente se evidencia entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas. El retiro de la misión de buenos oficios, en momentos en que se adelantan conversaciones con los grupos paramilitares que requieren de una fuerte supervisión internacional, y en vísperas de la reunión de países donantes que se llevará a cabo en Cartagena, es un hecho grave, frente al cual el Gobierno está evadiendo su responsabilidad.

Pedimos al Gobierno Nacional y a las organizaciones alzadas en armas FARC y ELN, dar muestras de su voluntad de paz, solicitando que en los términos planteados por el señor Kofi Annan, se solicite nuevamente la misión de facilitación a la Organización de las Naciones Unidas.

Las organizaciones firmantes esperamos que en Cartagena el Gobierno dé a conocer al país y a la comunidad internacional las iniciativas gubernamentales en relación con el marco jurídico de verdad, justicia y reparación. La señora Canciller Barco anunció en diciembre pasado que el Gobierno presentaría en la reunión del 3 de febrero los lineamientos de tan decisivo proyecto.

Resulta preocupante la información difundida a través de los medios de comunicación en el sentido de que existen dificultades para lograr un consenso entre los países invitados al encuentro en Cartagena, justamente porque el Gobierno Nacional no acepta la existencia de un conflicto armado ni la crisis humanitaria, y mucho menos su solución en función del fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Las organizaciones firmantes tenemos una gran expectativa sobre los resultados que pueda arrojar la reunión de Cartagena. Esperamos que se mantenga el espíritu de cooperación que se expresó en Londres en julio de 2003 en la perspectiva de apoyar esfuerzos para buscar una solución política negociada al conflicto interno, al mejoramiento de la situación de derechos humanos y a la atención de la crisis humanitaria.

Firma:
 ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES
 ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
 RED NACIONAL DE INICIATIVAS CIUDADANAS POR LA PAZ Y CONTRA LA GUERRA - REDEPAZ
 CODHES
 MINGA
 COMITÉ PERMANENTE PARA LOS DERECHOS HUMANOS
 CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES - CGT
 CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES - CUT
 INSTITUTO NACIONAL DE PAZ - INDEPAZ
 PLANETA PAZ
 COMISION COLOMBIANA DE JURISTAS
 ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA LOS DERECHOS HUMANOS - ALDHU
 FUNDACION CULTURA DEMOCRATICA
 CORPORACION NUEVO ARCO IRIS
 INICIATIVA DE MUJERES POR LA PAZ
 MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL: ALVARO VILLARRAGA, ANA TERESA BERNAL, MAGDALA VELAZQUEZ, JAIRO RAMIREZ, NELSON BERRIO, RICARDO ESQUIVIA, SIGUEN FIRMAS...

Bogotá, enero 31 de 2005