El poder de la calle

Está creciendo el poder de la calle en el país y en el mundo. La extraordinaria toma de calles y plazas por maestros, estudiantes y ciudadanía en general que la prensa del 31 de mayo reseñó con impresionantes fotografías de multitudes protestando pacíficamente lo demuestra. En Colombia el hecho lo genera la disputa por recursos públicos para políticas sociales. En América Latina llevamos más de una década de movilización: desempleados (“piqueteros”) en Argentina, campesinos sin tierra en Brasil, indígenas pobres y excluidos en Bolivia y Ecuador, mayorías populares empobrecidas por un TLC en México, pueblo raso apropiándose una porción de la riqueza petrolera que nunca había sido suya en Venezuela.

Pero no solo ocurre en los países “en desarrollo” de la periferia del sistema mundo capitalista, también en los países del centro del sistema como Francia y Estados Unidos se movilizan los más pobres de los pobres: los inmigrantes que exigen legalización y condiciones de vida dignas, esto es, ciudadanía plena. Las más recientes marchas del primero de mayo han reflejado en todo el mundo la nueva realidad de los movimientos sociales en las democracias de hoy. El Foro Social Mundial surgido de las múltiples resistencias al neoliberalismo ha permitido compartir visiones y explorar caminos de convergencia. Desde noviembre del 2006 los sindicatos del mundo, hasta ahora dispersos, conforman la CSI Confederación Sindical Internacional.

La acción colectiva, las protestas y movimientos se articulan y politizan, en muchos países del sur tienden a favorecer opciones políticas alternativas para profundizar la democracia y detener, compensar o revertir los procesos de deuda social y empobrecimiento generalizado. La profundización de la democracia ganando en igualdad sin perder libertad es el sentido distintivo de este fenómeno. La reacción contra el capitalismo, colapsados los estatismos, no es ahora para estatizar la sociedad mediante aparatos burocráticos superpoderosos, sino para socializar el Estado a fin de establecer políticas públicas con amplia participación ciudadana que aseguren plena vigencia a los derechos sociales, culturales y ambientales. Los movimientos más allá de la democracia como sistema de constituir autoridades legítimas mediante el voto libre, buscan la democratización de la sociedad en términos de avance en oportunidades, condiciones y garantías reales para el desarrollo integral tanto de las personas como de las comunidades.

En Colombia, que no tuvo gobiernos reformistas (populistas) en profundidad, subsiste un déficit en la apropiación de las instituciones por el pueblo y un déficit en el reconocimiento y respeto de lo público por quienes ejercen el gobierno y el poder. La toma de calles y plazas es expresión de la aspiración de las masas populares a intervenir en lo público y modificar a su favor las estructuras de poder existentes. La represión de los movimientos desde que Alberto Lleras (1947) acabó con el Sindicato del Río Magdalena, la famosa Fedenal, hasta el exterminio selectivo de líderes sociales y fuerzas enteras de oposición en época reciente, ha impedido el impacto benéfico de tales movimientos en la ampliación de la democracia colombiana. Desde la multitudinaria marcha del silencio convocada en 1948 por Gaitán cuya perspectiva política fue frustrada con el asesinato del líder, quedó frenada la vocación popular de poder que solo ahora se está retomando.

Colombia no puede perder la oportunidad que hoy tiene. En las elecciones de octubre y en los arreglos frente a la crisis actual es preciso que juegue la mediación estructural ejercida por el sujeto político pacifista y civilista, radical en la vigencia integral de los derechos, que está surgiendo. Boaventura de Sousa Santos ha observado “la democracia se radicaliza o se muere”.