El desarme debe ser prioridad en la agenda de seguridad humana

La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra -REDEPAZ- está convencida, al igual que las otras organizaciones que hacen parte de IANSA (Internacional Action Network on Small Arms) que el desarme debe ser entendido como prioridad en la agenda mundial de seguridad humana, porque el uso de las armas de fuego acarrea una serie de consecuencias humanitarias (lesiones fatales y no fatales, desplazamiento forzado de poblaciones y restricción del acceso a recursos básicos), así como impactos económicos nefastos sobre el desarrollo local.

La posesión de un arma de fuego implica riesgos de accidentes para el propietario y para su entorno inmediato, especialmente para los niños.

Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAZ), Colombia ha sido caracterizada, por año, por ser uno de los países más violentos del mundo. La violencia resultante de un prolongado conflicto armado, y de la delincuencia común y la organizada, ha cobrado la vida de más de 475.000 civiles y combatientes desde 1979 -casi 17.600 por año-, es decir, una crisis de seguridad humana de dimensiones extraordinarias. Si bien hay gran heterogeneidad en la naturaleza de los homicidios, tanto temporal como espacialmente, hay un factor determinante: las armas de fuego. Más del 80% de los homicidios cometidos en Colombia desde finales de los años 70, se han efectuado con armas de fuego; más aún, este porcentaje se ha incrementado de manera sostenida, de alrededor de 60% en los años 80 hasta más de 85% en 2002. Para 2005, más del 15% de las muertes fueron causadas por armas de fuego.

Las armas de fuego

Según el Manual de Entrenamiento para diversas ONG en América Latina, presentado en el Seminario “Armas de Fuego en Colombia: Entre el Diagnóstico y la Acción”, realizado por la ONG sueca Swedish Fellowship of Reconciliation (SWEFOR), en conjunto con Redepaz en el año 2005, la expresión armas pequeñas y ligeras designa tanto el tipo de armas que pueden ser portadas por una sola persona, como el que puede ser empleado colectivamente por un pequeño equipo de tres personas. En efecto, este es el término más frecuentemente empleado, pero en la práctica, dependiendo del contexto, también es intercambiable por los términos “armas livianas”, “armas cortas” o “armas de fuego”.

Las armas pequeñas pueden y deben ser consideradas armas de destrucción masiva. Quitan la vida a cerca de medio millón de personas cada año, producen efectos negativos sobre la salud pública, y contribuyen a la criminalidad y a la violencia social. Además, tanto la proliferación como el mal uso de estas armas afectadas de postguerra y de las zonas afectadas por los desastres naturales. De hecho, el impacto real que producen y el uso cada más frecuente que se hace de ellas es mucho mayor que el de otras armas bélicas potencialmente más destructivas como los tanques, los aviones de combate o los barcos de guerra. Y, además de ello, las armas de fuego pueden ser intercambiadas de modo relativamente sencillo entre poblaciones militares y civiles.

Tanto en el suministro como en la distribución de las armas de fuego intervienen el mercado mundial y los mercados locales. Ambos carecen de mecanismos de control adecuados. Por ello, para enfrentar este grave problema y para regular sus distintas áreas se requiere de medidas locales, nacionales, regionales e internacionales más efectivas.

¿Por qué las armas de fuego son un problema?

1.La continua proliferación de las armas de fuego.

De acuerdo con estimaciones de la publicación Small Arms Survey, en el mundo circulan cerca de 639 millones de armas de fuego. De ellas, 378 millones (60%) están en manos de civiles; el resto están divididas entre las fuerzas militares, las policías, las empresas privadas, el crimen organizado y los grupos insurgentes. Además de ello, por lo menos 1.000 empresas en 98 países fabrican armas de fuego y sus municiones, y trece países dominan el comercio de estas armas. La mayor parte del arsenal mundial es producido en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Otros países fabricantes son Brasil, China, Canadá, Japón y la Federación Rusa.

Entre los principales factores que contribuyen a la proliferación de las armas de fuego se encuentran sin duda el aumento de los productores legítimos y la continua fabricación ilegal de las mismas. Sin embargo, aunque la nueva producción y comercialización contribuyen al problema, en realidad la mayor cantidad de armas de fuego que circulan hoy en día es el remanente de transferencias hechas durante la Guerra Fría por las dos grandes potencias (Estados Unidos y la ex Unión Soviética).

2. La excesiva transferencia de armas de fuego

Las armas ligeras son relativamente baratas, altamente portátiles, fáciles de ocultar, duraderas y tan fáciles de manejar que hasta un niño puede portarlas y usarlas. Estas características hacen de ellas productos particularmente atractivos para el tráfico ilegal y de hecho son muy a menudo vendidas ilegalmente a cambio de divisas o bienes (como diamantes, drogas u otro tipo de contrabando) ¿Cómo ocurren las transferencias de armas? La definición de una transferencia de armas es sencilla: consiste en el traspaso de la posesión de un arma de un actor a otro.

Necesariamente tienen que existir al menos dos actores involucrados: el originario y el destinatario. Estos actores pueden ser individuos, gobiernos, empresas, bandas criminales, grupos insurgentes, etcétera. Sin embargo, muchas veces están involucrados otros actores, tales como transportistas, intermediarios (agentes comerciales). Una gran proporción de las armas de fuego acumuladas y que circulan está determinada por armas que se han puesto nuevamente en circulación o que provienen de depósitos anteriormente existentes. Esto quiere decir que el comercio de las armas ya no depende de la producción para generar efectos desestabilizadores. Debido a la durabilidad de estos productos, la constante redistribución de las armas que ya existen es suficiente para generar consecuencias desastrosas en las variadas sociedades donde circulan.

Esta situación adquiere especial relieve en contextos de postguerra. Allí usualmente se observa una gran adquisición de armas. Y la posesión de armas que pertenecieron a combatientes por parte de la población civil genera un aumento en la espiral de violencia, tensión e inestabilidad social.

En este escenario, los excombatientes requieren atención prioritaria durante años, o décadas: han estado inmersos en una cultura armamentista y esto les ha impuesto el hábito de recurrir a las armas para conseguir lo que requieren. Además, a ello se suma el hecho de que en muchos casos cuando, finalizado el conflicto, devuelven sus armas a sus antiguos mandos, lo hacen a quienes se convierten en grandes traficantes de armas por la falta de control, y por la debilidad política y jurídica de dichos países. La combinación de la miseria y la presencia de armas produce una ecuación que hipoteca cualquier intento de desarrollo de estas sociedades.

3. El uso indebido de armas de fuego

Algunos estudios realizados indican que en muchos países la proliferación de las armas de fuego ha contribuido al uso indebido generalizado y persistente de las mismas. En aquellos países donde se han cometido graves abusos, la facilidad de acceso a ellas ha sido un factor principal en la prolongación de la violencia contra la población civil, y ha contribuido a la descomposición de los servicios de orden público y a la escalada del ciclo de impunidad.

Una amplia diversidad de casos de abusos graves conducen al uso indebido-deliberado o imprudente- de armas de fuego. No solo incluyen homicidios ilegítimo, arbitrarios y lesiones injustificadas, sino también secuestros, toma de rehenes, detenciones masivas y arbitrarias, desapariciones forzadas, reclutamientos forzosos, tortura, trato o pena cruel, inhumana o degradante, violación, esclavitud sexual, desplazamiento forzoso de poblaciones y dispersión violenta de concentraciones pacíficas.

Como consecuencia de la escasa formación y del precario control por parte de las autoridades públicas sobre las armas de fuego, y debido a la ausencia de sistemas eficaces para la rendición de cuentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el propio personal militar han incumplido reiteradamente las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Además, los grupos armados de oposición y las bandas de delincuentes utilizan estos abusos como pretexto para cometer atrocidades, y crear ciclos de violencia armamentista y provocar el desmoronamiento del Estado de Derecho.

En la Conferencia de las Naciones Unidas de julio de 2001, los delegados de diversos gobiernos se declararon contra el tráfico ilícito de las armas de fuego. Sin embargo, en el programa se retiró toda alusión al “uso indebido de armas pequeñas y ligeras”. De esta manera, uno de los aspectos más importantes de la ilegalidad -es decir- la violación de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario por medio de armas pequeñas y ligeras-quedó excluida de las deliberaciones de la conferencia y del programa de acción.

Situación de las armas de fuego en América Latina

La situación de las armas de fuego en América Latina no es de ninguna manera homogénea. Los patrones de posesión y uso de ellas reflejan en mucho los distintos derroteros históricos seguidos por los diversos estados de la región. Es decir, las dinámicas de conflicto y de inquietud política de los últimos 40 años explican largamente las demandas de hoy.

Una de las consecuencias de las dictaduras militares que tuvieron lugar en varios países a lo largo de la región entre la década de 1960 y finales de la década de 1980 fue la gran acumulación de armas por parte de los regímenes y sus opositores. En buena medida, esta acumulación fue facilitada por el suministro de armas que provenían de los adversarios de la Guerra Fría y sus aliados. El legado de estas dictaduras sigue dando a las ONG el trabajo de aclarar y acceder a la información sobre las armas de fuego. Tal información es a menudo mantenida en secreto, supuestamente, para proteger los intereses de la industria de defensa o la “seguridad del Estado” -y todavía no es entendida por las entidades relevantes de los gobiernos como un asunto de la sociedad civil.

Pese a las masivas transferencias de armas hacia la región, por lo menos diez países en América Latina poseen alguna forma de capacidad de producción doméstica de armas de fuego. Ciertos países como Ecuador, por ejemplo, solamente fabrican municiones. En cambio, países como Brasil y Chile han desarrollado industrias de armas pequeñas que producen una amplia variedad de productos para los mercados tanto militares como civiles.

Muchas de estas armas son producidas para las fuerzas militares locales, particularmente en lo que se refiere a municiones. La política de liberalización de muchos de los estados de América Latina ha sido llevada a cabo paralelamente con un aumento en el número de armas en manos de organizaciones criminales, carteles de drogas, insurgentes y criminales menores. El crimen y la inseguridad en la región están relacionados con el crecimiento paralelo de compañías de seguridad privada armada. Estas compañías son empleadas por empresas y personas en un intento de protegerse dado que las fuerzas del estado no tienen la voluntad o la capacidad de hacerlo.

El Caso de la Región Andina

En el norte y el noroeste de la región, las zonas en conflicto persisten. Ciertos estados, como los del Perú y Colombia, siguen enfrentando conflictos de dimensión principalmente interna. Muchos de estos conflictos han existido durante los últimos 50 años. En la década de 1990, Colombia, por ejemplo, llegó a convertirse en uno de los mayores importadores de armas pequeñas y ligeras del mundo.

En Colombia, mientras que el Estado ha ido incrementando drásticamente sus existencias o stocks de armas pequeñas, también lo ha hecho su principal rival, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-. A lo largo de las décadas pasadas, las FARC han estado utilizando su posición territorial -su control y cupos de grandes áreas de tierra usada para cultivar coca y narcóticos- para adquirir armas pequeñas y ligeras. En buena medida, las actuales fuentes de armamento en América Latina, más que de las transferencias de los gobiernos, provienen principalmente de la industria privada. Entre las principales fuentes de tales armas se encuentran los fabricantes y agentes ubicados en Norte y Sudamérica, Europa, China y Corea del Sur. Entre esto, los Estados Unidos y España parecen ser los mayores exportadores.

Dentro de esta región de conflicto, la demanda de armas en buena medida es satisfecha por los estados del norte. Para los gobiernos de países como Colombia, la principal fuente de armas o de ingresos para comprar armas, proviene de los Estados Unidos.

Para las FARC, y otros grupos insurgentes, las fuentes están a menudo en los países inmediatamente al norte (de hecho, los “estados reserva” de América Latina). Tales estados -los países hispano-hablantes del Istmo: El Salvador, Guatemala y nicaragua- son los que más recientemente se han recuperado de los conflictos de la Guerra Fría.

Sin embargo, el problema principal en los Países Andinos es la delincuencia y la violencia social y no el conflicto armado. Algunos estudios han indicado que el 80% de los homicidios cometidos en Colombia se cometen con pistolas, revólveres y no con fines de asalto, y que no están vinculados con el conflicto armado.

Redepaz y la Agencia Española de Cooperación Internacional Campaña “La Juventud, Constructora de Paz”

“Las armas no son un juego”, “Cuando hay armas en casa, la muerte ronda”. Son los lemas de nuestra Campaña: “La Juventud, Constructora de Paz”, que realizamos en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional -AECI-

En la Campaña participan jóvenes de las seis regiones en las que trabaja Redepaz, especialmente aquellos que hacen parte de los escenarios de reflexión que actualmente apoya la Red: Mesas Ciudadanas por la Paz, Asambleas Constituyentes, Mesas Escolares de Paz y Convivencia y Red de Personeros. Igualmente, contamos con el apoyo de las comunidades educativas, organizaciones sociales que trabajan con jóvenes, organizaciones juveniles, Secretarías de Educación, Iglesia y medios de comunicación.

“La Juventud, Constructora de Paz” es una campaña de comunicación con sentido pedagógico, enfocada en la población juvenil colombiana que apoya el Consenso Ciudadano por la Paz, en la defensa de la vida y la libertad para que a través de estrategias de sensibilización regionales incida en la construcción de una sociedad libre de armas.

Entre las actividades que se realizan, se encuentran: • Encuentro regional, que convoca a jóvenes de las Mesas Ciudadanas por la Paz, Asambleas Constituyentes, Mesas Escolares de Paz y Convivencia, Red de Personeros y Jóvenes interesados en ser constructores de paz. • Encuentro nacional, que convoca a representantes juveniles de las Mesas Ciudadanas por la Paz y Convivencia por la Paz, Asambleas Constituyentes, Mesas Escolares de Paz y Convivencia, Red de Personeros e interesados en ser constructores de paz. • Creación del grupo interregional, responsable de las actividades comunicativas juveniles en cada región. • Comunicación permanente entre los diferentes procesos regionales juveniles. • Creación de espacios de comunicación abiertos para que los jóvenes que deseen hacer parte de Redepaz puedan dar a conocer sus propuestas. • Campaña gráfica nacional que convoque a los jóvenes y apoye sus acciones • Encuentro con medios de comunicación social. • Apoyo a las actividades regionales definidas para la Semana por la Paz.