Cese inmediato del genocidio contra las victimas reclamantes de tierras

El día 26 de Noviembre fue asesinado el señor Leoncio Mendoza Cárdenas desplazado, reclamante de tierras del Urabá antioqueño y padre de dos líderes reclamantes de tierras y miembros de la organización local ACDUDA y de la Asociación nacional de víctimas para la restitución y accesos a la tierra: Tierra y Vida. El señor Leoncio Mendoza se encontraba desplazado viviendo en Montería y fue asesinado en su propia casa a las 6 de la mañana.

Este nuevo asesinato, se suma a la lista de más de diez personas asesinadas vinculadas a la reclamación de las tierras de las cuáles han sido despojados por grupos al margen de la ley y por testaferros al servicio de la delincuencia, como ocurrió el pasado 17 de noviembre cuando al parecer fue asesinado el reclamante de tierras Alejandro Padilla en zona rural del municipio de Necoclí.

Para el Señor Leoncio Erazo, en marzo 15 de este año se había solicitado con carácter urgente medidas de protección para ellos y otros miembros de la organización en carta dirigida a la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior con copia al Vicepresidente de la República, pero nunca se tomaron medidas efectivas de protección, como ocurre con otra serie de líderes y lideresas reclamantes.

Redepaz considera que lo que se viene presentando en los últimos meses con los reclamantes de tierras es de suma gravedad, debido a los asesinatos, amenazas y desplazamientos, y a que las investigaciones no avanzan a pesar de las denuncias, esfuerzos y solicitudes que se han realizado oficialmente.

Se están presentando una serie de asesinatos sistemáticos contra los campesinos reclamantes de tierras del movimiento Tierra y Vida, lo que se constituye en Genocidio contra este grupo poblacional de los cuáles responsabilizamos al gobierno nacional y al Estado. Para Redepaz, lo que evidencia es que existen zonas del País en donde será imposible el retorno de campesinos, la restitución de sus tierras y la reparación integral, pues el gobierno ha demostrado su total incapacidad para garantizar el derecho a la vida, la superación de la impunidad y el sometimiento de grupos armados ilegales.