Aniversario de la guerra y de las busquedas de la paz

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El último ciclo de la guerra colombiana, después de la terrible Violencia de los años 40 y 50, empezó hace cuarenta años si tomamos como referencia el nacimiento de las guerrillas revolucionarias, Farc , Eln y Epl en 1964. Dos generaciones de colombianos hemos crecido en medio del conflicto armado, tres, si partimos de los orígenes de la Violencia hacia 1946 con el gobierno conservador de Ospina Pérez.

Esto es tanto como decir que llevamos ya casi 60 años sin periodos de paz. Lo que se nos presenta en la historia como un acuerdo de Paz, el pacto del Frente Nacional entre los jefes de los partidos tradicionales para terminar con la Violencia, no fue más que la confirmación de la exclusión política y social de las grandes mayorías como modelo de gobernabilidad y por ello mismo la semilla de la guerra de las siguientes cuatro décadas. La sola obtención del derecho al voto por las mujeres en el plebiscito de 1957 que buscaba legitimar el régimen bipartidista, no alcanzaba a cubrir la realidad del pacto de perdón y olvido, la impunidad y la amnesia histórica autodecretadas por los responsables de la masacre de casi 300mil colombianos. La Paz sin verdad, justicia y reparación no reconcilia, siembra nuevas violencias.

Hacia los años 80 la dinámica de la guerra había sido potenciada por la acción urbana y las propuestas políticas del M19. Y la respuesta del Estado, de la mano de la doctrina de la Seguridad Nacional enseñada a nuestras Fuerzas Armadas por los norteamericanos en la Escuela de las Américas, fue la represión, no solamente la legítima contra los grupos armados de oposición, sino la instauración de un Estatuto de Seguridad que colocaba a la población civil como el enemigo, víctima de las torturas, asesinatos, desapariciones, la persecución a la oposición política y la criminalización de la protesta social. La violación a los Derechos Humanos se instituyó como política de Estado con lo que éste profundizó su ilegitimidad.

En 1982 se abre el ciclo de los procesos de paz. La Amnistía general de noviembre de ese año, la firma de acuerdos de Tregua entre el gobierno de Betancur y algunos grupos insurgentes y el diálogo político llamado Diálogo Nacional inaugura un nuevo escenario de politización de la guerra en el que, mientras ésta se profundiza, se empieza a hablar de causas objetivas, se realizan conversaciones de paz y se establece un clima de participación de sectores de la sociedad en la construcción de agendas y propuestas para un eventual Acuerdo de Paz.

Sin embargo al mismo tiempo de esta politización, se genera un proceso de degradación de la guerra con la aparición del paramilitarismo que victimiza a la población civil con una serie de masacres continuadas. El paramilitarismo es la expresión de la reacción de terratenientes, narcotraficantes y sectores políticos y militares a la apertura política y a los cambios institucionales que conllevaban esos procesos de paz. Por eso esa apertura política termina bañada en sangre con el genocidio contra la Unión Patriótica y el desvertebramiento a sangre y fuego del movimiento social y popular que venía en ascenso a comienzos de la década. El desplazamiento forzado es una expresión de esa violencia contra la población civil que garantiza al mismo tiempo los intereses de sus promotores en una reforma agraria en contra de los campesinos pobres, los indígenas y las comunidades negras. Al final, la irracionalidad de la guerra se impone contra la opción de la política y en la aventura del Palacio de Justicia se queman, no sólo las ilusiones del Diálogo Nacional sino la fe en la Democracia colombiana y en sus instituciones centenarias.

La Constitución de 1991 se impone entonces como la necesidad de un nuevo contrato social, la apertura de un nuevo proceso de modernización política acordado por una amplia gama de sectores políticos y sociales que, sin embargo, a pesar de ser presentada como un pacto de paz, “la carta de navegación del país para el siglo XXI”, no logra concitar la participación de toda la insurgencia. Pero de hecho, alrededor de la Constitución de 1991, de su construcción e implementación, se desarrollan una serie de Acuerdos de Paz entre gobierno e insurgencia que se traducen en la desmovilización de cinco grupos guerrilleros con cerca 4000 combatientes. Como a finales de 1953, se ven nuevamente las filas de guerrilleros haciendo dejación de las armas como un compromiso de paz y la esperanza de una verdadera reconciliación.

Y como en 1953, esas esperanzas se frustran. A pesar de su carácter garantista de derechos, de democracia participativa, de modernización de la justicia, la Constitución de 1991 nace larvada de desigualdad social en medio de la apertura neoliberal, nace instrumentalizada por el gobierno Gaviria como un arma de guerra. Símbolo de ello es el bombardeo a los campamentos de la guerrilla el mismo día de las elecciones para la Asamblea Constituyente y la declaratoria de la Guerra Integral sólo dos años después de la proclamación de la nueva Constitución presentada como un pacto de paz integral. Igualmente el asesinato, como en 1953, de los dirigentes guerrilleros firmantes de los acuerdos de paz y, desde entonces a hoy, de cerca de mil reinsertados, el 25% de la fuerza desmovilizada. Evidentemente para la oligarquía colombiana los pactos de paz han sido instrumentos de su estrategia de guerra. Por ello no busca la reconciliación a través de profundas reformas económicas y sociales sino la rendición y el sometimiento a su proyecto excluyente.

La insurgencia guerrillera, por su parte, no supo interpretar los cambios en el contexto internacional de fines de los 80 ni las transformaciones demográficas y políticas que llevaron a amplios sectores de la sociedad colombiana a rechazar la guerra y sus manifestaciones y a la exigencia de la paz con justicia social. Ni se pudo sustraer de la degradación de muchas acciones de guerra ni de la opción por salidas militares cuando se requerían salidas políticas. De allí su progresivo aislamiento de la opinión nacional, mucho más cuando las negociaciones de paz de finales de los 90 terminaron en una nueva frustración colectiva.

Sólo la presencia de un movimiento social profundamente civilista, comprometido con la búsqueda de la paz negociada, con la defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario, con la aspiración a una sociedad con justicia social, con la defensa de la Constitución de 1991 y sus elementos de modernización institucional, garantismo de derechos y participación ciudadana, sólo la insurgencia de una sociedad civil democrática, activa en la construcción de la paz desde lo local y regional, firme en la confrontación política e ideológica con las fuerzas de la guerra y la reacción, múltiple y plural en la movilización social, coherente en la propuesta ética de reconciliación sobre la base de la verdad, la justicia y la solidaridad, tiene la legitimidad para representar en la Colombia de hoy a las fuerzas del progreso.

En sus diez años de trabajo, Redepaz ha hecho parte y ha contribuido a la construcción de esa corriente de futuro sin la cual ni la paz, ni la justicia, ni la democracia serán en realidad los estandartes de una nueva Colombia